Revuelta en Amazonía pone tensión al rojo vivo

Revuelta en Amazonía pone tensión al rojo vivo

Artículo publicado el 10/06/2009

Luego de los luctuosos acontecimientos en la región amazónica peruana, que dejaron un saldo de 35 muertos (24 policías y 11 indígenas), los Gobiernos de Perú y Bolivia se lanzan mutuas acusaciones.

El congresista peruano Luis González Posada, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, demandó al Gobierno de su país el inicio de una investigación sobre la presunta “conexión boliviana” en los actos de violencia desatados en Bagua.

Como prueba de esta conexión, el parlamentario esgrimió una carta “incitando a la rebelión” que el presidente de Bolivia Evo Morales envió el 29 de mayo a los indígenas reunidos en Puno, Perú, durante la IV Cumbre Continental del Abya Yala.

La misiva afirma textualmente: “nuestra lucha no termina. De la resistencia pasamos a la rebelión y de la rebelión a la revolución, este es el momento de la segunda y definitiva independencia”.

Si el Gobierno boliviano, a través de su portavoz, Iván Canelas, califica esta iniciativa peruana como “poco ética", el senador Lino Villca (MAS) y el ejecutivo de la oficialista Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Isaac Ávalos, admiten que existieron contactos con grupos indígenas peruanos, aunque no para coordinar movimientos como el de Bagua.

El presidente de Perú, Alan García, denunció que detrás de los sangrientos enfrentamientos entre policías e indígenas peruanos se encuentra una red internacional que responde a posiciones extremistas. García calificó la protesta de los indígenas contra decretos que aprobó su Gobierno de “conspiración permanente de grupos radicales con inspiración externa que busca detener el avance económico del país”.

Según Perú, solo así se explica el desconocimiento de actas de entendimiento suscritas con los llamados dirigentes nativos, quienes habrían actuado bajo consigna política y tal vez “órdenes internacionales”.

Altos funcionarios bolivianos, como el ministro de Defensa legal, Héctor Arce, calificaron las acusaciones del mandatario peruano de “incorrectas y desesperadas al tratar de vincular al Estado boliviano con esos hechos de sangre que además ocurrieron lejos de la frontera”.

La ministra de Justicia de Bolivia, Celima Torrico, fue más allá cuando responsabilizó directamente al Gobierno peruano por esas muertes diciendo que el de García “es un gobierno neoliberal que no atendió oportunamente las demandas de los indígenas”.

Estas denuncias, de nivel gubernamental en ambos casos, vienen a endurecer aún más las ya tensas relaciones bilaterales luego de que el Gobierno peruano otorgara asilo político a tres ex ministros del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Todos ellos afrontan un proceso por “genocidio” por la muerte, en setiembre y octubre de 2003, de al menos 67 personas en una represión militar.

Bolivia no descarta presentar una demanda contra Perú ante la Corte Internacional de La Haya en caso de que Lima no acepte la petición de la cancillería boliviana de cancelación del asilo a los tres ex ministros bolivianos.

Parlamentarios bolivianos opositores piden iniciar un diálogo franco con Perú antes de que esta crisis desemboque en una ruptura de relaciones. “En este momento, la relación entre Perú y Bolivia es la más tensa de los últimos 80 años. Es muy importante que en este momento enfriemos la cabeza en ambos países. Estamos a un tris de retirar embajadores”, advirtió el senador y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Tito Hoz de Vila (Podemos).

Por Gabriela Orozco, corresponsal en La Paz

http://www.rfi.fr/actues/articles/114/article_12064.asp

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Editorial El País: Violencia en Perú. 10/06/2009

El enfrentamiento, con más de 30 muertos, de la semana pasada entre policías e indígenas en la Amazonia peruana es ya un conflicto diplomático con Bolivia y Nicaragua, y un grave problema político interno. Más de 60 grupos de indios amazónicos, agrupados en la asociación AIDESEP, que preside Alberto Pizango, llevaban dos meses en un tira y afloja de bloqueos de carreteras con el Gobierno, cuando una operación policial degeneró en matanza, en la que Lima afirma que murieron 24 agentes y 9 indígenas, cifras a las que dan la vuelta fuentes locales. La protesta en nombre de 700.000 indígenas, de etnias distintas de la quechua, mayoritaria en el país, se desencadenó por la promulgación de unos decretos que abrían a la producción de biocombustibles lo que los indios consideran sus tierras ancestrales y, por ello, intocables.

Mientras Pizango, buscado por la justicia, se refugiaba en la Embajada nicaragüense, un diputado exhibía un documento asegurando que era una carta del presidente boliviano Evo Morales, indígena aimara, en la que exhortaba a sus hermanos peruanos "a la revolución".

La cuestión de fondo para América Latina consiste en preguntarse en qué medida resuena el eco de la revuelta indígena que llevó al poder a Morales, con quien hacen causa común, notablemente, el presidente venezolano Hugo Chávez y el nicaragüense Daniel Ortega. Managua anunció ayer que concede asilo político a Pizango, al que considera un perseguido; el primer ministro Yehude Simon acusa a Pizango de intento de golpe de Estado; y la ministra peruana de la Mujer ha dimitido porque sostiene que su propio Ejecutivo miente. Si se demostrara que la carta es auténtica, la ruptura Lima-La Paz sería inevitable, ante lo que supone una gravísima injerencia en los asuntos peruanos. Por ello, habría que desear que Bolivia disipara cuanto antes esa duda.

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Violencia/Peru/elpepiopi/20090610elpepiopi_2/Tes